Últimamente se ha abierto en España un debate bastante controvertido sobre la Ley de Matrimonios Homosexuales que permitirá contraer matrimonio a personas del mismo sexo dándoles también el derecho a adoptar hijos.

La medida puede parecer progresista a mucha gente, pero desde mi punto de vista, en el que la libertad de las personas exige un intervencionismo mínimo por parte del estado en la vida privada de las personas, la medida no genera más libertad, sino que perpetúa una reglamentación inútil, coartadora de libertades y generadora de situaciones injustas.

En mi opinión deberíamos diferenciar entre

Familia y Matrimonio.

La Familia es un hecho natural y social.
Como hecho natural sirve principalmente a la supervivencia de la especie por medio de la reproducción de los individuos y la protección de los hijos hasta que puedan procurar su propia supervivencia.
Como hecho social podemos definir una familia como queramos, podemos decir que nuestra familia son nuestros padres, hermanos e hijos, podemos englobar también a los abuelos, los tíos, los primos y sobrinos, y seguir con parientes cada vez más lejanos. Y podemos incluir en nuestra familia a personas con las que no tenemos parentesco pero a las que nos unen lazos de amor.

Y si dos (o más) personas, del mismo o distinto sexo deciden libremente convivir en un mismo domicilio compartiendo gastos, derechos, obligaciones y, quizás, lecho, y esas personas, unidas por lazos afectivos deciden considerarse una familia ¿le molesta a alguien? ¿Supone algún perjuicio para ti o para nadie que dos o más personas decidan libremente compartir una vivienda?. ¿Te importa a ti o a nadie lo que esas personas hagan en la cama, o en el sofá o en la cocina o en la ducha, como si no hacen nada, ni siquiera jugar al parchís?
Lo que hagan las personas libres sin quebrantar la ley debería ser asunto suyo y de nadie más.
Y si ellos deciden considerarse una familia, pues estupendo.
Y lógicamente, cuando dos personas toman la decisión de formar una nueva familia, al ser un paso tan importante en su vida deciden hacer una celebración y una fiesta para hacer participar de su alegría a amigos, familiares y seres queridos.

Entonces llega la religión y establece unos ritos y con ello crea el Sagrado Sacramento del Matrimonio.
Y a partir de ahí la religión se adueña del acto de formar una familia hasta el punto de que si una familia no ha pasado por los ritos religiosos del matrimonio resulta que no es familia, sino que son bestias adúlteras viviendo en pecaminoso concubinato.

Llega después el laicismo, y para dar libertad a las personas se inventa el matrimonio civil, que ¿qué es?. Pues nada menos que quitarle a la Iglesia la potestad para decidir lo que es o no es una familia, pero esa potestad no se la devuelve a las personas, sino que ahora se la queda el estado.
Y en su afán de quitar potestades a la iglesia, en vez de pensar en la eliminación de la obligatoriedad de determinados sacramentos, algunos políticos llegan al absurdo de inventar el "bautismo civil" ¡¡por favor!!.

Eso es lo que yo considero que es la esencia de lo que es la familia y el matrimonio.
La familia es un hecho natural y social.
El matrimonio fue en principio una celebración, después se convirtió en un sacramento y después en una obligación.

Liberalización del Matrimonio

En mi opinión el estado debería eliminar el matrimonio civil, pues al estado no le importa, no le debe importar, la vida particular de los ciudadanos. El que sea religioso y quiera realizar el sacramento del matrimonio de su religión, que lo haga, tiene libertad para ello. Y si después quiere hacer una celebración con los familiares y amigos, estupendo.
El que no sea religioso puede si quiere hacer una celebración, y en ella, si quiere, celebrar un ritual, con oficiante o sin él, copiando un ritual antiguo o inventando uno nuevo, intercambiando anillos, saltando una escoba o partiendo un jarrón, solo ellos deciden.

Si una iglesia quiere institucionalizar el sacramento del matrimonio, tal como la católica ha hecho hasta ahora, será cosa suya y ella decidirá si permite casarse a determinadas personas o no. Cada iglesia es libre de aceptar o expulsar a sus feligreses según el cumplimiento de las normas que observen, y cada persona es libre de pertenecer a una iglesia o salirse de ella.

Pero igualmente, si una sala de fiestas y banquetes decide realizar una ceremonia del matrimonio y celebrarla en una "capilla", con un oficiante autorizado por un juzgado para la celebración de matrimonios, ¿por qué no va a poder hacerlo?. Supongo que los feligreses de iglesias que consideren que no hay más matrimonio válido que el suyo, podrán tener problemas éticos para casarse en un establecimiento distinto de una iglesia, pero igualmente el salón de bodas podría contratar a un sacerdote de cualquier iglesia y celebrar el rito que a los novios les parezca mejor.

En eso consiste la liberalización del matrimonio. Que la celebración de un matrimonio no sea un monopolio de la iglesia, pero tampoco del estado. Que un salón de bodas, que un hotel, que un ministro de cualquier religión, que una asociación cualquiera, y si me apuras, hasta un partido político o sindicato laboral, puedan realizar, copiar o inventarse ritos y ceremonias para celebrar la boda de sus clientes o miembros.

Si una persona perteneciente a una iglesia se quiere casar por los ritos de su religión, así sea. Que prefiere casarse en una capilla dedicada a Elvis, como hacen algunos yanquis, ¿por qué no va a poder hacerlo?.
Como si quiere casarse en un hotel, en un club de vacaciones, en un yate o en una organización de amantes de los ovnis.

Si es verdad que "hay gente pa tó", mientras con ello no perjudique a nadie, ¿a quién le puede importar?.

A los políticos, desde luego, no debería.
La administración pública no tiene por qué intervenir en la vida privada de las personas ni en la forma en que cada uno decida celebrar los distintos acontecimientos de su vida.

Lo único que debe hacer el estado es velar por la protección de las personas dependientes y los hijos.

El Registro Civil

Para ello el estado debe garantizar que exista un Registro Civil donde se inscriban las familias, con el fin de defender los derechos individuales de cada uno de sus miembros.

Puede haber familias donde ambos miembros tengan su trabajo y no dependan el uno del otro. En tal caso no hace falta, mientras no tengan hijos, ni siquiera registrar el matrimonio. Si en un momento determinado deciden terminar su convivencia no supondrá para ellos ningún trauma económico ni habrá ningún impedimento legal para que se disuelva su matrimonio.

En el caso de familias donde ambos miembros trabajen y tengan hijos, los derechos de los hijos deben tener preferencia sobre los deseos de los padres.
En el momento en que nazca un niño se debe inscribir en el registro civil, indicando la familia en la que ha nacido. Si su familia no estaba registrada previamente, se registrará en ese mismo momento.
En cuanto a su posible disolución en caso de desavenencias, en mi opinión, una familia no debería disolverse mientras tengan hijos menores de edad, y el cuidado de estos debe ser tarea y responsabilidad de ambos.

Eso no significa que estén obligados a la convivencia, pueden resolver sus problemas de mutuo acuerdo, de la forma que consideren mejor para salvaguardar los derechos de sus hijos durante su minoría de edad, y solo si no llegan a un acuerdo tendrán que recurrir a un juzgado que regule sus obligaciones familiares.

Más complejo es el tema de las personas dependientes.

Ley de Dependencia

Hay personas que, al casarse o al tener uno o más hijos, deciden dejar de trabajar para dedicarse completamente al cuidado de los hijos y la casa.

Por supuesto, tienen plena libertad para ello, pero esas personas, por regla general, acabarán dependiendo económicamente de su cónyuge. Una persona adulta no debería depender de nadie, pero si en una pareja deciden de mutuo acuerdo que uno de ellos va a dedicar todo su tiempo a trabajar para conseguir los ingresos económicos que van a necesitar para su subsistencia y el otro se va a ocupar del cuidado de la casa y de los hijos, son perfectamente libres de hacerlo.

Ahora bien, en caso de que una familia de este tipo acabe rompiéndose, el cónyuge que ha renunciado a trabajar para cuidar de la casa podría quedar en una situación económica inviable.

Para evitarlo, el estado debe proteger a las personas que dependen económicamente de sus cónyuges, y debe hacerlo de tal forma que, después de años de convivencia dependiente, no queden en la más absoluta indigencia.

Si todas las personas fuésemos buenas y generosas, las leyes no harían falta, pero como no lo somos, es preciso salvaguardar un sentido de la justicia.

Una ley que proteja a los cónyuges dependientes debería incluir una serie de normas que normalmente debe traducirse en obligaciones por parte del cónyuge trabajador.

El cónyuge trabajador debe:

  1. Aportar alojamiento, alimentación, vestido, atención médica y todos los medios necesarios para la subsistencia, salud  y comodidad de la familia.
  2. Aportar un cinco por ciento de su sueldo mensual en un plan de pensiones a nombre del cónyuge dependiente.
  3. Todas las propiedades adquiridas después del matrimonio se considerarán gananciales.
  4. Todas las propiedades de ambos cónyuges anteriores al matrimonio se irán convirtiendo en gananciales a razón de un 5% anual.

No creo que haga falta explicar el primer punto. Es evidente que el cónyuge trabajador debe aportar el capital necesario para la subsistencia y comodidad de la familia.
En cuanto a la aportación a un plan de pensiones a nombre del cónyuge dependiente, pienso que todas las personas deben realizar una aportación a un plan de pensiones durante toda su vida laboral con el fin de tener independencia económica cuando llegue su jubilación. Si una persona dependiente no va a ganar dinero, considero que es justo que su cónyuge lo haga.
Aparte de esto, la situación económica de un trabajador puede cambiar mucho en veinte años de trabajo. Su capital puede aumentar bastante, pero si lo hace es gracias a que está dedicando muchas horas diarias a su trabajo. Y si puede dedicar tantas horas a su trabajo es gracias a que su cónyuge se encarga de las numerosas tareas que el mantenimiento de un hogar acogedor y confortable requiere. Por consiguiente, el incremento patrimonial que tengan, las compras de viviendas, de coches, parcelas, acciones, etc. deberían ser bienes ganaciales, propiedad al 50% de ambos cónyuges.
Y no debemos olvidar que, cuando se registra un matrimonio, ambos cónyuges aportan unas propiedades anteriores. Conforme pasan los años es lógico que las propiedades anteriores de cada uno acaben siendo gananciales, pero esto no tiene por qué ocurrir de forma inmediata.

¿Qué ocurre si a los tres meses de convivencia se descubren desavenencias irreconciliables?. Sencillamente, cada uno debería irse por su lado, y lo que antes era de cada uno que lo siga siendo.

El hecho de que dos personas convivan durante tres meses ¿hace que cada uno tenga derecho a la mitad de los bienes del otro?. Supongo que al que aporte menos bienes al matrimonio le parecerá bien, pero si ocurriera esto, sencillamente se podría dar el caso de que algunas personas busquen contraer matrimonio con fines económicos, pervirtiendo lo que debería ser la fundación de una familia.

Por eso creo más conveniente que los bienes de los miembros de un matrimonio permanezcan separados pero, por cada año de convivencia, un cinco por ciento de los bienes de ambos cónyuges pasen a ser gananciales. Al cabo de 20 años de convivencia el 100% de los bienes serán gananciales.

Un caza fortunas que contraiga matrimonio con una persona que tenga una gran fortuna, si se separan antes de que pase un año sólo se podrá llevar la mitad del 5% de los bienes de su víctima. Y digo víctima a propósito.

 

Con unas leyes que previeran estos casos, las personas que tras casarse decidan no seguir trabajando tendrán una cierta garantía de que, en caso de ruptura familiar no queden totalmente en la indigencia.

Por supuesto, cualquier persona es libre de firmar un contrato matrimonial que incluya reglas diferentes a las aquí expuestas, pero pienso que, si no hay un contrato matrimonial, estas reglas podrían ser adecuadas para que las personas dependientes no queden desasistidas ni que el matrimonio se convierta en un medio de cazar fortunas.
Si alguien va a contraer matrimonio y su cónyuge le propone firmar un contrato matrimonial distinto al estándar, no es por nada, pero debería empezar a desconfiar.

 

Por supuesto, puede haber casos mucho más complejos, y es imposible hacer leyes capaces de tener en cuenta todos los casos posibles, pero para eso está, o debería estar, el sentido común de las personas para acordar una solución lo menos mala posible, o, si no hay acuerdo, recurrir al sentido común de los jueces.

Matrimonio Homosexual

En cuanto al matrimonio homosexual, no creo que la iglesia católica acceda a casar a una pareja homosexual. Puede que dentro de veinte o cincuenta años sí, pero de momento no creo.

Pero un club o asociación o salón de bodas que no tenga esos prejuicios puede decidir que sean bienvenidos los matrimonios homosexuales, en cuyo caso las parejas que quieran hacer una celebración con los ritos que deseen podrán acudir a cualquier establecimiento donde oficien el rito que más le apetezca.

Y si no hay ningún centro donde puedan celebrar un matrimonio homosexual, bueno, ¿no hay una Asociación de Gays y Lesbianas?. Pues esa asociación podría registrarse como celebrante matrimonial y a partir de ese momento los ministros designados para ello podrán celebrar bodas entre sus miembros.

En cuanto a las normas de regulación del matrimonio, deben ser las mismas independientemente del sexo de sus miembros. Lo único que se debe considerar es la protección de los hijos y de los cónyuges dependientes.

¿Derecho a Adoptar?

El derecho a adoptar no existe.
Lo que existe es el derecho de los niños huérfanos a ser adoptados por las personas que mejor garanticen su futuro. Y los criterios para determinar si una familia es mejor o peor que otra deben establecerlos los sicólogos mediante entrevistas personales con las personas que quieren adoptar un niño, sin prejuzgar si determinadas circunstancias son favorables o perjudiciales.

Si hubiera más huérfanos que adoptantes pues casi todo el mundo podría adoptar (menos los esquizofrénicos y sociópatas, claro) y los huérfanos restantes deberían ser criados por orfanatos privados o públicos.
Si hubiera más adoptantes que huérfanos, entonces es cuando habría que establecer un orden de idoneidad. ¿Que criterios usar para este orden? Asumo que la estabilidad emocional y económica. Si existe un parentesco previo a la orfandad ese dato debería ser muy importante, y también si el huérfano tiene edad suficiente para expresar su voluntad.

¿Considerar si un tipo de familia es mejor que otro? Puede que sí, quizás sea más beneficioso para el niño una familia formada por tres padres y tres madres, en la que se turnan dos personas para cuidar de la casa y los hijos mientras los otros cuatro van a trabajar. En una familia así si uno de los padres muere o se pone enfermo o pierde el trabajo, el resto de la familia y los hijos no salen tan perjudicados como en una familia de dos personas, en la que si muere uno de los padres el restante queda en una situación casi desesperada como no cuente con ayuda de familiares.
Pero ese tipo de familias no existe, que yo sepa. Solo existen familias de dos miembros, la mayoría heterosexual, y algunas homosexuales. Y personas que viven solas, lo que no puede considerarse una familia mientras no tengan hijos.

En mi opinión, el orden lógico para dar preferencia a unas familias sobre otras, en igualdad de las demás circunstancias, debería ser: En primer lugar parejas heterosexuales, sencillamente porque es el tipo de familia más habitual y eso hará más fácil la integración del hijo adoptado. En segundo lugar las parejas homosexuales y en tercero las personas solas.

Pero en cualquier caso nunca descartar a unos posibles padres por el hecho de ser homosexuales.